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A través de un informe de los fiscales del Distrito de Columbia y cinco estados más, transformaron los argumentos legales y de seguridad pública que dio a conocer la Administración Trump, contra las ‘ciudades santuario’ que se han negado a tomar parte en la aplicación de la ley federal de inmigración.

El documento dado a conocer este miércoles marca un contraste con las reiteradas afirmaciones hechas por la Administración Trump contra las ‘ciudades santuario”, donde se reúnen datos, análisis jurídico y afirmaciones de las agencias de gobiernos locales, que permiten dar claridad en torno a este asunto y responde a las amenazas de quitarles fondos y además detalla cómo las localidades actúan legalmente al usar sus políticas ‘santuario’ y cómo esas políticas usualmente mejoran la seguridad pública.

“El informe de hoy es una declaración sin precedentes de los principales funcionarios encargados de hacer cumplir la ley en todo el país, desenmascarando las declaraciones falsas y engañosas de la Administración Trump sobre estas ciudades”, dijo el fiscal general del estado de Nueva York, Eric Schneiderman.

De acuerdo a Schneiderman, los departamentos de policía locales no deben, ni deben ser forzados, a romper la confianza y credibilidad que han construido con sus comunidades sólo para avanzar en la agenda radical de deportación del presidente Trump.

El informe fue elaborado por el Buró de Derechos Civiles del fiscal general Schneiderman, en coordinación con los fiscales generales de California, Oregón, Rhode Island, Washington y el Distrito de Columbia.

El reporte señala de manera expresa que las agencias del orden locales que eligen limitar su participación en la aplicación de la ley de inmigración civil están actuando legalmente y potencialmente protegiéndose de la responsabilidad legal.