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Más de 10 mil padres de menores de edad estadounidenses son detenidos cada año por autoridades de migración en el estado de California, apuntó hoy el organismo de defensa de los derechos humanos Human Rights Watch (HRW).

En un informe, HRW pidió por ello a este estado que asegure que los migrantes detenidos se encuentren en condiciones dignas y humanas, y que tengan acceso a abogados, debido a que las nuevas políticas del presidente Donald Trump aumentarán probablemente las detenciones y deportaciones.

Titulado “Todavía te necesito: la detención y deportación de padres de California”, el documento se basa en datos del gobierno federal que incluyen casi 300 mil detenciones federales de inmigrantes en instalaciones en California durante un período de cuatro años y medio.

Durante ese período, un promedio de 65 mil inmigrantes al año fueron detenidos en California en 15 instalaciones, muchos de los cuales eran padres de menores ciudadanos estadounidenses.

“Los derechos de los inmigrantes en Estados Unidos, incluidos los padres de ciudadanos estadounidenses, están bajo una amenaza mayor que nunca, especialmente aquellos en el sistema de detención de inmigrantes”, opinó Clara Long, investigadora de HRW.

Long añadió que con el 15 por ciento de todos los detenidos de inmigración de Estados Unidos ubicados en California, resulta crucial que la legislación estatal se enfoque en hacer cumplir las normas de detención humanitaria y que solucione las fallas fundamentales del debido proceso.

HRW destacó que la necesidad de salvaguardias de los derechos humanos para los inmigrantes detenidos es esencial a la luz de la manifiesta intención de Trump de detener a un mayor número de personas en un sistema “notorio por sus condiciones punitivas y, a menudo, inhumanas”.

Entre estas condiciones sobresalen atención médica insuficiente, que ha contribuido a muertes bajo custodia que podrían haberse evitado, indicó HRW.

Asimismo, el gobierno también ha anunciado planes para ampliar los procedimientos de deportación rápida que han dañado la capacidad de los solicitantes de asilo y de otros para obtener audiencias justas.

Dos medidas bajo consideración por la legislatura estatal de California abordarían los abusos de derechos humanos en la detención de inmigrantes, entre las que resalta la asignación de 15 millones de dólares para proveer abogados a personas detenidas.

“Todo el mundo debería tener derecho a una adjudicación justa en los procedimientos de deportación. Los líderes estatales deben abordar las brechas del debido proceso para todos en la detención de inmigrantes sin importar su situación o su historial”, enfatizó Long.

Otra medida legislativa exigiría que las cárceles de California cumplan con los estándares de detención civil específicos en el caso de inmigrantes, incluyendo el acceso a servicios legales, atención médica, protección contra daños o acoso y privacidad.

Esta medida también prohibiría que un centro de detención de inmigrantes coloque a un detenido en una celda segregada debido a su género real o percibido, identidad de género, expresión de género u orientación sexual.

“La consecuencia de la incapacidad de las autoridades de inmigración para hacer cumplir las normas aplicables puede literalmente ser la muerte”, aseguró Long.

La representante asentó que “California debe aprovechar esta oportunidad para asegurarse de que ningún inmigrante es mantenido en condiciones inferiores y sin dignidad dentro de sus fronteras”.